20.05.2012   |   www.planlavagna.com

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Debemos poner el foco en lo verdaderamente importante y no desgastar energías en discusiones que nada le aportan al país.

La participación del Estado en empresas privadas puede analizarse por el lado del debate ideológico (y entonces la derecha dirá que se trata de un nuevo gesto del Gobierno en contra de la seguridad jurídica, y la izquierda lo planteará como un derecho de los trabajadores) con los pies en la tierra, por el lado de los efectos concretos de una decisión de este tipo sobre la economía y la sociedad.

La posibilidad de incrementar la participación del Estado en empresas privadas incorporando sus representantes a los directorios NO AYUDA A LA INVERSIÓN y tiene EFECTOS NEGATIVOS sobre el EMPLEO.

La creación de empleo depende directamente de la inversión. Y desde hace cinco años esa tasa no alcanza al mínimo necesario para crear los suficientes puestos de trabajo, razón por la cual las mujeres de hasta 29 años tienen un índice de desempleo del 18% y los varones del 13%, constituyéndose, junto con la inseguridad frente al delito, en su mayor preocupación.

Que el Estado cambie las reglas del juego en mediante un DNU, modificando las reglas del juego en “medio del partido”, atenta contra la inversión, cuyo crecimiento desde el 2006 es menor al requerido para crecer sostenidamente, aumenta la salida de capitales ( desde el 2006 han salido del país 65 mil millones de dólares!) y, lo más grave, genera mayores niveles de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, tal como ocurre con el sector del telemarketing.