Igual que ocurrió con Gualeguaychú se empieza por tomar partido, generar escándalo y luego del fracaso intentar eludir las responsabilidades. Fue “gobierno+parte de la población” en el caso de Entre Ríos y es hoy “gobierno+empresa minera” en el caso de Famatina. ¿Por qué no empezar por respondernos algunas preguntas básicas?:
i) puede un país con una de las cordilleras más importantes del mundo y que necesita crecer, ignorar el enorme potencial de la minería? : NO
ii) puede un país dejar que estos bienes no renovables sean explotados sin una política que garantice regalías (ingresos) importantes para el país y para la región en las que están ubicados los yacimientos (el caso San Juan da un mal ejemplo)?: NO
iii) puede un país ignorar que debe exigir “eslabonamientos” hacia delante y hacia atrás de manera de explotar no sólo los minerales sino también crear valor agregado y empleo adicional?: NO
iv) puede un país delegar en organismos o distritos de menor tamaño y responsabilidad el control de las políticas de explotación que tienen fuertes impactos medio ambientales?: NO
v) debe un país tener un órgano único y permanente de muy alto nivel científico (ej. un comité de tres expertos, uno nacional y dos internacionales) que sea el encargado de analizar para cualquier proyecto minero los impactos medioambientales?: SI
vi) deben los resultados de este Comité ser públicos y analizados en el caso de los grandes proyectos tanto en el Congreso de la Nación como en audiencias integradas por representaciones reconocidas para evitar comportamientos politiqueros y generar escándalos?: SI
Respondiendo esto de manera seria, proyecto por proyecto, es posible combinar una explotación económica con la mejor política medio-ambiental existente en el mundo para cada tipo de proyecto.